Opinión
Motril Acoge.- Las personas que valientemente deciden recorrer el camino de la emigración, una vez que han superado las dificultades de ese proceso, cuando llegan a España tienen que enfrentarse a las mismas dificultades (pero aumentadas) que viven las autóctonas en cuanto a trabajo precario y a escasez de vivienda. En este último caso, y ahora que se acercan elecciones, queremos recordar que la Constitución Española, en su artículo 47, promulga el derecho a una “vivienda digna y adecuada”, estableciendo que las administraciones han de velar por hacerlo efectivo. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, apartado 1, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11, establecen este derecho.
Sin embargo, las políticas de vivienda municipales sistemáticamente excluyen medidas orientadas a los colectivos con menos recursos, entre los que se encuentran muchas personas migrantes que no son rentables políticamente y que, por ello, frecuentemente se ven enmudecidas y perjudicadas en el acceso a una vivienda digna, especialmente si son recién llegados y no tienen papeles.
Por tanto, instamos a los partidos políticos para que incluyan en sus programas electorales, y más tarde cumplan, medidas que resuelvan las emergencias y las situaciones residenciales precarias, creando, por ejemplo, un parque público de viviendas, acorde con las necesidades de cada municipio y que no discrimine en su acceso entre personas autóctonas e inmigrantes.
Instamos también a los servicios municipales a que faciliten el empadronamiento de personas residentes, independientemente de las circunstancias y calidad de su vivienda, para facilitar el acceso a servicios básicos y evitar una de las causas principales de marginalidad: el que estas personas sean “inexistentes” para la Administración Pública. En ese mismo sentido, los ayuntamientos deben eliminar los obstáculos que impiden que las personas inmigrantes puedan inscribirse en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, y hacer de éste el instrumento ágil y eficaz que ahora ha dejado de ser en muchos casos.
La inexistencia de acceso a la vivienda por parte de personas sin recursos o marginadas es una emergencia social que debe ponerse a la cabeza en las políticas municipales como parte del proceso de integración y de mejora de la convivencia.
Es por ello que, desde Motril Acoge, dedicamos este Círculo de Silencio y nos manifestamos
¡POR UNA VIVIENDA DIGNA! ¡PORQUE DE VERDAD LOS DERECHOS SEAN PARA TODAS LAS PERSONAS!