“El golpe del Gobierno a la independencia judicial” por F. Javier Alvarez de Cienfuegos Coiduras

0
112

OPINIÓN

F. Javier Alvarez de Cienfuegos Coiduras.- Como es sabido, el Consejo General del Poder Judicial es, por determinación constitucional, el órgano de gobierno de jueces y magistrados, correspondiéndole, en particular, la importante función de decidir acerca de los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de jueces y magistrados (art. 122.2 de la Constitución Española).MOTRIL: "UN FESTEJO TAURINO... CON LA QUE ESTÁ CAYENDO" - Motril Digital

A su vez, la propia Constitución atribuye en exclusiva a jueces y magistrados la función de administrar justicia con independencia, inamovilidad y responsabilidad y sin otro sometimiento que el debido al imperio de la ley (arts. 117.1 y 3 de la Constitución Española).

Y fue precisamente para garantizar esa independencia por lo que el texto constitucional atribuyó al Consejo General del Poder Judicial, como “órgano autónomo y separado”, el ejercicio de algunas de las funciones (como son las referidas a los nombramientos, ascensos inspección y régimen disciplinario de jueces y magistrados) que podrían servir, en poder de otros órganos, para influir, o intentar influir, sobre los titulares del Poder Judicial (por ejemplo, con el posible favorecimiento gubernamental de algunos jueces por medio de nombramientos y ascensos; o con el eventual acoso que podrían sufrir otros jueces, considerados “no afectos”, a través de inspecciones y sanciones acordadas por el poder ejecutivo).

La creación del Consejo General del Poder Judicial responde, por tanto, al designio de los redactores de nuestro texto constitucional de que el gobierno de los jueces lo detente una institución no subordinada a los demás poderes públicos, y, especialmente, que estuviera fuera del área de influencia del poder ejecutivo.

Por eso, el Consejo General del Poder Judicial se concibe, sobre todo y ante todo, como una institución autónoma y funcionalmente separada de los demás poderes públicos, lo que le confiere la condición de órgano no político, esto es, de órgano que ejerce sus funciones al margen de ideologías políticas, las cuales, si bien son totalmente respetables para inspirar la actuación de partidos o gobiernos, son de todo punto incompatibles con el papel y funciones atribuidos constitucionalmente al Consejo General del Poder Judicial.

Y, por las mismas razones, los vocales del Consejo General del Poder Judicial no son representantes ni comisionados del Congreso y del Senado, sin perjuicio de que a estas cámaras les corresponda actualmente la designación de los mismos. Es más, la desvinculación de todos los vocales del Consejo respecto a Congreso y Senado queda corroborada con la prohibición del mandato imperativo y con la fijación de un plazo determinado de mandato (cinco años), que no coincide con el de las Cámaras, y durante los cuales no pueden ser removidos más que en casos legal y taxativamente determinados (art. 119.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Una de las previsiones constitucionales que protegen la independencia del Consejo General del Poder Judicial respecto al poder ejecutivo de turno es que los nombramientos de los 20 vocales del Consejo exijan una mayoría de 3/5 partes de los miembros del Congreso y del Senado (art. 122.3 Constitución Española).

Lo que pretenden PSOE y UNIDAS PODEMOS es prescindir de la referida mayoría cualificada, a la que ni siquiera con sus socios llegarían, y sustituirla por una confortable mayoría absoluta de la mitad más uno, lo que les permitiría nombrar a su antojo y sin freno ni cortapisa alguna, a la totalidad de los 20 vocales del Consejo (y, si no,véase lo ocurrido recientemente con el increíble nombramiento de la Fiscal General del Estado).

Tal propuesta corre el riesgo de frustrar la misma razón de ser (“ratio legis”) de protección de la independencia del Poder Judicial ínsita en la norma constitucional, si, como es absolutamente previsible, Congreso y Senado, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atienden sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. Como dice la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) núm. 108/1986 de 29 julio, “La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.”

Por ello, si hay una cosa que el art. 122.3 de la Constitución Española ordena de forma meridianamente clara es que cuando el nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial provenga del Congreso y del Senado, la elección, para salvaguardar la autonomía e independencia del Consejo, ha de hacerse por mayoría de tres quintos de sus miembros.

Es cierto que en el citado precepto constitucional se contempla que, de los veinte vocales del Consejo, ocho (los designados de entre abogados y juristas de reconocido prestigio) sean elegidos por las Cámaras parlamentarias (cuatro por el Congreso y otros cuatro por el Senado) y que los doce restantes (los nombrados entre Jueces y Magistrados) sean elegidos “en los términos que establezca la ley orgánica” que desarrolle esta materia.

Tal circunstancia posibilitó que, en el año 2013, bajo un gobierno con mayoría absoluta del PP, se aprobara una Ley Orgánica (la 4/2013, de 28 de junio) en la que se acordó que, en lugar de ocho, fueran los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial quienes serían designados por las Cortes Generales, es decir, que el Congreso elegiría a diez vocales y el Senado a otros diez, independientemente de que pertenecieran a la categoría de Jueces y Magistrados o a la de abogados y juristas de reconocido prestigio, obviamente respetando la mayoría cualificada de tres quintos, constitucionalmente establecida para los nombramientos realizados por las cámaras parlamentarias.

Pues bien, tanto la Ley Orgánica de 2013 como otras sucesivas sobre el Poder Judicial de 2015 y 2018, respectivamente, asimismo han respetado, como no podía ser de otra manera, la mayoría cualificada de los 3/5 constitucionalmente exigida para el nombramiento por el parlamento de los vocales del Consejo.

Es decir, la situación hasta ahora es que, una vez descartada por el poder ejecutivo, en el 2013, la posibilidad de que el nombramiento de los 12 vocales Jueces y Magistrados se realizara por sus propias organizaciones e instancias profesionales, en la forma y con las mayorías establecidas por una futura ley orgánica “ad hoc”, se aceptó indubitadamente que, al realizarse también, desde entonces, el nombramiento de los vocales Jueces y Magistrados por el poder ejecutivo, ello conllevaba automáticamente que se aplicara a la elección la mayoría cualificada de 3/5 que, como ya hemos visto, constituye la “ratio” y fundamento del art. 122.3 de la Constitución Española para evitar la politización del Consejo General del Poder Judicial.

Sin embargo, ¿qué pretenden hacer ahora PSOE y UNIDAS PODEMOS? Pues sencillamente intentan zafarse de la mayoría de los 3/5 proponiendo que el nombramiento de los doce vocales Jueces y Magistrados, ya no sea por la mayoría cualificada de 3/5, sino por mayoría absoluta (mitad más uno), con lo que PSOE y UNIDAS PODEMOS lograrían colocar en el Consejo del Poder Judicial, de momento, a 12 de sus veinte miembros.

La expresada estrategia entiendo que es inconstitucional en cuanto olvida que el art. 122.3 de la Constitución sólo deja libertad de regulación, vía ley orgánica, al nombramiento de los vocales Jueces y Magistrados única y exclusivamente cuando su designación se produce extraparlamentariamente; por el contrario, si su nombramiento se produce en sede parlamentaria es obligado el cumplimiento de la mayoría cualificada de 3/5.

En otras palabras, la cuestión está, en mi opinión, en que la determinación del tipo de mayoría aplicable a la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial no depende de si pertenecen a la categoría de Jueces y Magistrados, o a la de abogados y juristas de reconocido prestigio, sino de qué órgano los nombra; y si es el parlamento, es de obligada aplicación, por mandato constitucional, la mayoría cualificada de 3/5.

La cuestión, en resumen, pinta de que PSOE y UNIDAS PODEMOS pretenden asestar un nuevo golpe a nuestra democracia, que tantos esfuerzos costó traer, en esta ocasión atacando descaradamente a la independencia del Poder Judicial con la finalidad, claro, de someterlo a los designios políticos de esa coalición. Y ello, aunque sea a riesgo de que tal desatino tenga imprevisibles consecuencias económicas respecto, por ejemplo, a los fondos europeos que están por llegar, pues es evidente que la maniobra contra la independencia del Poder Judicial no ha pasado inadvertida a la Unión Europea.

No creo que ni el Tribunal Constitucional ni la UE permitan este despropósito.

F. Javier Alvarez de Cienfuegos Coiduras
Profesor Titular de Universidad Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Madrid
Departamento de Derecho Privado, Social y Económico
Área de Derecho Romano

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here