“El imprescindible pacto de Estado por la independencia del poder judicial” por F. Javier Alvarez de Cienfuegos Coiduras

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OPINIÓN

F. Javier Alvarez de Cienfuegos Coiduras.- Escribía en este mismo periódico, hace unos días, acerca del golpe que suponía para la independencia del poder judicial la iniciativa gubernamental de elegir a doce de los veinte vocales que componen el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) mediante mayoría ordinaria (mitad más uno), en lugar de la cualificada de 3/5 de las dos cámaras del Parlamento (Congreso y Senado).

Señalaba allí que eso constituía, a mi modo de ver, una vulneración del art. 122.3 de la Constitución Española (entre otros preceptos), pues permitía, en definitiva, que los Jueces y Magistrados miembros del CGPJ fueran un simple reflejo de la correlación de fuerzas políticas dominantes en cada momento. Y tal cosa es equivalente a derogar el principio constitucional de la independencia del Poder Judicial, que constituye, a su vez, uno de los pilares más importantes del Estado de Derecho.CANTARRIJÁN por F. Javier Álvarez de Cienfuegos Coiduras | Motril@Digital

Dicho lo anterior, pienso que la cuestión de la que trataba en mi anterior artículo, es susceptible también de abordarse desde la perspectiva del factor de oportunidad que representa.

Me explico. El gobierno ya ha podido comprobar los efectos que ha producido su anuncio de reformar la elección de los Jueces y Magistrados del CGPJ, que para algunos ha sido un globo sonda para detectar respuestas y reacciones, cuando no una estrategia de presión para provocar que el PP, como principal partido de la oposición, abandonase posiciones que muchos consideran obstruccionistas.

Las respuestas y reacciones han sido claras. Aparte de sumar al debate político, especialmente al parlamentario, una acritud que se hace por momentos insostenible, sólo ha contribuido a atrincherar aún más al PP, que se niega a dar su visto bueno a que miembros propuestos por UNIDAS PODEMOS sean vocales del Poder Judicial, alegando que se trata de un partido caracterizado por los constantes ataques de sus miembros a la independencia de los jueces.

A lo anterior se suma la reacción, desfavorable a la reforma, manifestada por las asociaciones mayoritarias de jueces; sin embargo, es un hecho que todas ellas apoyan unánimemente que la elección de los doce Jueces y Magistrados que han de formar parte, como vocales, del CGPJ, se lleve a cabo directamente por los miembros de la carrera judicial, es decir, extraparlamentariamente.

Por último, y no menos importante, desde Bruselas se mira con desconfianza y preocupación la iniciativa de reforma del CGPJ, y aunque por el momento no existe más que un seguimiento de los acontecimientos en España, no hay que olvidar que detrás está el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (conocida como Comisión de Venecia).

Sin olvidar que los mismos aliados del gobierno en esta legislatura, principalmente ERC, mira con desconfianza la iniciativa de PSOE y PODEMOS, que puede ser “pan para hoy y hambre para mañana”, en cuanto que no se puede descartar que una nueva mayoría parlamentaria de signo político distinto, incluso de extrema derecha, impusiera en el futuro a sus propios vocales.

Parece claro, por tanto, que la salida no está en que los partidos políticos, especialmente PSOE, PP, y UNIDAS PODEMOS, que son los principales actores en liza, se sigan obstinando en una lista de consenso para los Jueces y Magistrados del CGPJ que la propia naturaleza de las cosas demuestra que es imposible; seguir por esa vía es equivalente a garantizar el inicio de un proceso extremadamente perjudicial para los intereses de España.

Las actuales circunstancias brindan, en cambio, una oportunidad única para que PSOE y PP, en lugar de emperrarse en la vía del acuerdo parlamentario como única solución para elegir a los jueces integrantes del CGPJ, acordasen una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que derogase la actual elección parlamentaria de estos y la sustituyese por el nombramiento directo a través de las asociaciones profesionales de jueces.

Ciertamente que el art. 122.3 de la Constitución establece que los restantes ocho miembros del CGPJ, nombrados entre abogados y juristas de reconocida competencia, han de ser designados parlamentariamente (por mayoría de 3/5 de las cámaras), pero nada impide pactar que tal designación parlamentaria se haga a propuesta de instituciones tales como las Universidades, los Colegios de Abogados, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, etc.

Con ello se alcanzaría la situación que muchos consideramos mejor que cualquier otra, es decir, que la totalidad de los vocales del CGPJ fueran elegidos extraparlamentariamente.

Es claro que esta salida del actual bloqueo sólo tendría efectos beneficiosos. Por lo pronto, terminaría con la grave crisis institucional que padecemos y con la violencia que vierte sobre el debate parlamentario; con el valor añadido de que la superación de esa crisis no se habría debido a un mero parche sino a un verdadero pacto de Estado destinado a dotar a nuestro país de un CGPJ independiente, moderno y democrático. Un robustecimiento, en fin, para nuestro actual Estado de Derecho que proyectaría hacia el exterior una excelente imagen sobre nuestras instituciones, tan celosamente escudriñada desde fuera, empezando por el resto de los países socios de la UE. Una imagen de la que, recordemos, tan necesitada está España (“procés” catalán, extradiciones, ayudas económicas, etc.).

Cuestión distinta es si los partidos políticos en liza estarían de acuerdo en esta solución, ya que no parecen concebir otra cosa que poner cada uno a “sus” jueces; quizás porque, en realidad, la politización del poder judicial les viene bien a todos, pues en otro caso no estarían dando el actual espectáculo de lucha encarnizada por conseguir cada uno su cuota en el CGPJ.

El PSOE y UNIDAS PODEMOS tienen razón en exigir que la actual situación se desbloquee, lógico, esa necesidad la ve cualquiera. El PP, por su parte, queda peor parado en esta pugna, ya que no debería condicionar la negociación a que no participe en ella UNIDAS PODEMOS, por muchos motivos que a tal fin alegue, ya que la actual correlación de fuerzas en el parlamento es la que es.

Ahora bien, en estos últimos días Pedro Sánchez (por cierto, tras participar en Bruselas en la reunión del Consejo Europeo), ha puesto sobre la mesa, por primera vez, la posibilidad de retirar la proposición de ley para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial presentada por su partido y UNIDAS PODEMOS, siempre y cuando Pablo Casado acepte sentarse a negociar “ya”.

Pide Pedro Sánchez al PP que si regresa “a la senda de responsabilidad de Estado y al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales”, el acuerdo sería “sencillo”.

El PP lo tiene fácil si recoge el guante de PS y le manifiesta dispuesto a sentarse a negociar un pacto de Estado en cuya virtud todos los jueces del CGPJ sean elegidos por sus organizaciones y asociaciones profesionales.

¿Cuál sería la postura ante del PSOE y de UNIDAS PODEMOS ante este ofrecimiento del PP? Una negativa sería difícil de explicar, política y jurídicamente, tanto a los ciudadanos españoles como a Bruselas, y les situaría en la misma sinrazón obstruccionista en la que ahora se halla el PP, aparte de que mientras que el desbloqueo que pretende el gobierno es presuntamente inconstitucional y profundiza en la dependencia de la justicia del poder ejecutivo, la propuesta del PP sería exquisitamente sensible con la defensa de la independencia del poder judicial y respetuosa con la letra y el espíritu de nuestro texto constitucional.

Piensan algunos de Pablo Casado, parafraseando al Cantar del Mio Cid (¡Dios, qué buen vasallo si oviesse buen señor!), que sería un buen segunda fila de un líder inexistente. En su mano está ser un verdadero líder con visión de Estado y demostrar quién piensa en España y quién antepone a ello sus propios intereses partidistas.

F. Javier Alvarez de Cienfuegos Coiduras
Profesor Titular de Universidad 
Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Privado, Social y Económico
Área de Derecho Romano de la Universidad Autónoma de Madrid

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