Un estudio de la Universidad de Granada compara los dos modelos de donación vigentes en el mundo y muestra que apenas se diferencian
En la mayoría de los países, las familias toman la decisión sobre la donación de órganos tras el fallecimiento de una persona. Esto se produce cuando quien muere no había expresado una voluntad concreta en vida sobre este asunto. Una investigación de la Universidad de Granada ha analizado el impacto de las decisiones familiares en la donación y ha comparado los dos modelos de consentimiento vigentes a nivel mundial. El estudio demuestra que, cuando se tiene en cuenta el papel de la familia, estos dos modelos no se diferencian apenas el uno del otro.
En el mundo existen dos modelos de consentimiento para la donación de órganos tras la muerte: el modelo de inclusión voluntaria (opt-in, en inglés), también llamado consentimiento explícito, y el modelo de exclusión voluntaria (opt-out), también llamado consentimiento presunto, donde todas las personas son consideradas como donantes por defecto salvo que hubieran expresado en vida lo contrario. España, como la mayoría de países europeos, se rige por el modelo de exclusión voluntaria (opt-out). Recientemente, varios países, incluidos Colombia, Escocia, Inglaterra, Islandia, Países Bajos, Suiza y la provincia canadiense de Nueva Escocia, han cambiado su modelo de consentimiento de opt-in a opt-out con el fin de incrementar sus tasas de donantes de órganos.
El estudio examina el impacto y la eficacia que puede tener este cambio en un país cualquiera. A diferencia de estudios anteriores, el equipo de investigación de la UGR tiene en cuenta el papel de la familia. “En primer lugar, mediante un análisis conceptual mostramos que opt-in y opt-out solo se diferencian en una de nueve situaciones, esto es, solo cuando se desconocen tanto los deseos del fallecido como los de sus familiares”, detalla Alberto Molina Pérez, miembro de la Unidad de Excelencia FiloLab UGR (especializada en estudios de filosofía) e investigador principal de un trabajo realizado junto a David Rodríguez Arias y Janet Delgado, todos ellos pertenecientes al grupo de investigación INEDyTO. Es en esa única situación cuando el modelo opt-out es efectivo, porque estas personas son consideradas por defecto como donantes de órganos. En segundo lugar, tras recopilar estadísticas de 21 países de todos los continentes, la investigación ha descubierto que la situación en que el modelo opt-out es efectivo solo ocurre en un rango de 0% a 5% de todos los casos de donantes potenciales. “Esto nos lleva a concluir que el cambio de modelo de consentimiento tiene un impacto limitado en el incremento del número de donantes de órganos”, explica Alberto Molina.
Entonces, ¿qué se podría hacer para aumentar las tasas de donación de órganos? “Varios países han optado recientemente por retirar legalmente a la familia su capacidad de oponerse a la extracción, lo que se suele llamar un opt-out duro”, expone Molina. Estos países incluyen Uruguay (2013), Colombia (2016), Francia (2017) y Argentina (2018). “Ahora bien, no está claro que esta medida sea efectiva. Austria es de los pocos países donde se aplica desde hace muchos años y sigue teniendo una tasa de donación inferior a las de España, Croacia o Portugal, donde siempre se respetan las negativas familiares”, argumenta el investigador principal del estudio. Además, eliminar a los familiares de la ecuación no sólo es una medida controvertida desde un punto de vista ético, sino que podría ser contraproductiva al reducir el apoyo y la confianza del público hacia el sistema de donación y trasplantes, según analizan los investigadores.
Otra medida cuya efectividad sí está demostrada consiste en tener profesionales sanitarios con una formación específica para afrontar la entrevista familiar, como es el caso de los coordinadores de trasplantes en España o las enfermeras especializadas en donación de órganos (SNOD, por sus siglas en inglés) en el Reino Unido. “Esta medida no depende del modelo de consentimiento y se puede aplicar igualmente en un opt-in como en un opt-out”, especifica Alberto Molina.
Altruismo y solidaridad
Otro trabajo de este mismo grupo de investigación analiza dos conceptos estrechamente relacionados con la donación de órganos: el altruismo y la solidaridad. A menudo usados como sinónimos, tienen implicaciones éticas y prácticas diferentes. En general, se acepta que la piedra angular de la ética de los trasplantes es el respeto de la autonomía individual, por lo que se asume el altruismo como justificación de las políticas de donación, entendiéndose esta como un regalo sin contrapartida
No obstante, hay problemas -tradicionalmente considerados bioéticos- cuya solución no es tanto individual como colectiva, por ejemplo, la vacunación o la obtención de órganos. En estos casos, los marcos individualistas pueden verse limitados a la hora de proponer soluciones.
El altruismo está asociado con los principios clásicos de la bioética, de corte liberal, mientras que la solidaridad está asociada con la ética de la salud pública, más centrada en la comunidad y el bienestar colectivo. La eficiencia de la obtención de órganos debe equilibrarse con fines valiosos para la sociedad, como el respeto a la autonomía de las personas y sus intereses póstumos, y la autonomía y los intereses de la familia. Sin embargo, desde una perspectiva de salud pública, aunque no dejemos de valorar la importancia de la autonomía, es posible restar importancia a las cuestiones autonomía individual y centrar la atención en categorías morales más apropiadas para los grupos. Reconocen así la solidaridad como un principio clave para mejorar la salud pública y los sistemas sanitarios y apuestan por un sistema de obtención de órganos basado en el compromiso de que algunas prácticas deben valorarse por su impacto en la salud de la comunidad. Las políticas públicas de obtención de órganos basadas también en la solidaridad podrían maximizar vidas salvadas, aunque esto debería explorarse en futuras investigaciones empíricas.
“Implantar un sistema basado no sólo en el altruismo, sino también en la solidaridad colectiva podría ser una directriz práctica, razonable y justificada en el marco de la justicia social” explican las autoras María Victoria Martínez-López, Gonzalo Díaz-Cobacho, Belén Liedo, Jon Rueda y Alberto Molina.